Vinculan a proceso a imputado por el delito de administración fraudulenta por millonaria cantidad
• Acusado de hacer un convenio laboral desfavorable, desproporcionado e inusitadamente ventajoso a favor de empleado y socio de la empresa afectada
La Unidad Especializada en Investigación de Delitos Patrimoniales de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, logró que un Juez de Control del Distrito Judicial Morelos, dictará auto de vinculación a proceso en contra de Francisco G. C., por el delito de administración fraudulenta, cometido a una empresa por más de 27 millones de pesos.
De acuerdo con la investigación ministerial, el imputado y otra persona de nombre Raúl Humberto G., quien también ya fue vinculado a proceso, realizaron un convenio desfavorable, desproporcionado y ventajoso, que causó la afectación económica.
En la narrativa de lo expuesto por la representación social, el 29 de mayo de 2019, el imputado Francisco G. C. en su carácter de apoderado legal y administrador de la moral afectada y Raúl Humberto G. M, quien era socio de la moral y empleado de la misma, celebraron un convenio laboral, ante la Junta Especial de Conciliación, por la rescisión de la relación laboral del último en mención por la cantidad de 12 millones 092 mil 559 pesos.
Para lo cual, en este convenio, el imputado Francisco G. C., dio en garantía dos máquinas pertenecientes a la moral afectada, ambas con un valor aproximado a los 27 millones 400 mil 944 pesos.
Se estableció que, en la celebración de dicho convenio, la parte afectada no tuvo conocimiento, a pesar de ser socia mayoritaria de la empresa.
Como consecuencia de dicho convenio, en fecha 05 de julio de 2019, se realizó el embargo de la maquinaria mencionada, quedando como depositario Raúl Humberto G. M. a quien el día 18 de julio del 2019, ante a la Junta de Conciliación y Arbitraje, le fueron entregadas como pago del convenio.
El imputado Raúl Huberto G. M., enfrenta su situación jurídica por el delito de administración fraudulenta, bajo las medidas cautelares consistentes en el depósito de una garantía económica por la cantidad de un millón de pesos, la prohibición de salir de la ciudad y de acercarse a la víctima, así como el uso de brazalete de localización con costo a su persona.
**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).
