Fiscalía General da certeza sobre el cumplimiento de medidas cautelares otorgadas por la CIDH a integrantes de la Comunidad Jesuita de Cerocahui
El Fiscal General del Estado, César Jáuregui Moreno, formó parte de la Mesa Interinstitucional que se instaló con motivo del seguimiento a la resolución emitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor de la Comunidad Jesuita de Cerocahui.
En el evento que fue encabezado por la Gobernadora del Estado de Chihuahua, Maru Campos, el Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez y el titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, el Fiscal César Jáuregui expresó: “quiero otorgar certeza a los beneficiarios, de que en la Fiscalía existe una empatía absoluta con el diagnóstico y las propuestas de solución que se presentan en esta mesa”.
Durante su intervención, indicó que estas medidas no resuelven por completo el problema, sin embargo, siguen siendo una premisa fundamental para la construcción de la paz social de la zona.
“Quiero que se lleven una certeza de que todos los organismos de Gobierno del Estado vamos a cumplir con las peticiones que nos han presentado y que la Fiscalía siempre va a estar a su disposición para brindarles información precisa sobre las acciones que estamos realizando para resolver este problema”.
El pasado 22 de enero, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una resolución, en la que se advierte sobre el nivel de riesgo que enfrentan los integrantes de la Comunidad Jesuita de Cerocahui, Tarahumara y municipio de Urique, con motivo del desempeño de su actividad pastoral y social que realizan en la Sierra Madre Occidental.
Derivado de lo anterior, se instaló la mesa de implementación de la medida cautelar en la que se establecerán las acciones concretas para cumplir con las medidas de protección que permitan a los beneficiarios continuar con sus labores pastorales con seguridad.
En la mesa, participarán el Gobierno Federal, Gobierno del Estado, organismos internacionales de Derechos Humanos, Organizaciones de la Sociedad Civil e integrantes de la Comunidad Jesuita.