Dictan auto de vinculación a proceso en contra del ex alcalde por peculado

  • Continuará en prisión preventiva durante la investigación.
  • El delito se registró cuando era titular de Obras Públicas en el gobierno de César Duarte.

La Fiscalía General del Estado obtuvo de un Juez de Control del Distrito Judicial Morelos, la vinculación a proceso del imputado Javier Alfonso G. P. por el delito de peculado, al demostrar que en su calidad de titular de Obras Públicas en la pasada Administración participó en la distracción de recursos públicos por la cantidad de 328 millones de pesos.

Ante el Juez, Octavio Armando Rodríguez Gaytán, la autoridad ministerial acusadora, expuso la imputación basada en la carpeta de investigación iniciada el 14 de diciembre del 2016, en la que se denunció la forma que en se cometió el delito en coautoría con otros ex funcionarios estatales consistente en la venta de 190 hectáreas ubicadas en La Labor de Terrazas, destinadas para la construcción de viviendas populares, a una empresa particular, en una cantidad muy inferior al valor comercial.

En la audiencia de vinculación a proceso, se narró que en los años 2003 y 2004 el Gobierno del Estado enajenó a título gratuito 16 terrenos ubicados en Labor de Terrazas a favor del Instituto de Vivienda del Estado, con el propósito de crear un centro de población digno, con costo popular y accesible, según los decretos emitidos en iniciativas autorizadas por el Congreso del Estado, 656/03 II PO y 1048/04 II PO.

El Ministerio Público reseñó que el 12 de septiembre de 2012,  en la sesión de la Junta de Gobierno de Consejo Estatal de Vivienda Suelo e Infraestructura (Coesvi) en la que participó el imputado Javier Alfonso G. P., aprobaron en el acuerdo 004/2012 vender el citado inmueble al Grupo Industrial y Constructora S.A. de C.V.

“Siendo la manera como distrajeron los terrenos de su destino, que no podía ser otro que la construcción de viviendas populares”, al haber autorizado la venta de 190 hectáreas, por la cantidad de 99 millones 141 mil 026, cuando el valor comercial era de 427 millones 840 mil 691,  con un valor catastral de 114 millones 687 mil 831.33

Concluida la audiencia en la que el Juez de Control resolvió la situación jurídica del imputado, se fijó un plazo de cuatro meses para el cierre de las investigaciones, asimismo, la autoridad judicial, mantuvo firme la medida cautelar de prisión preventiva que le fue impuesta por un periodo de ocho meses que se lleve a cabo la investigación.

 

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