Captura Fiscalía de Operaciones Estratégicas a presunta secuestradora en Juárez
• Resultado de labores de inteligencia a través de la Unidad Modelo de Atención al Delito de Secuestro
• Obtiene su vinculación a proceso penal y la prisión preventiva como medida cautelar
La Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas, a través de la Unidad Modelo de Atención al Delito de Secuestro, ejecutó una orden de aprehensión por secuestro agravado en contra de una mujer que participó en la privación de libertad de dos migrantes de origen guatemalteco.
Una vez que formuló la imputación, con las pruebas aportadas, un Juez de Control otorgó la vinculación a proceso de Belén H. R., dictándole prisión preventiva como medida cautelar y señaló un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.
De acuerdo con la narrativa de los hechos, mediante labores de inteligencia Agentes de Policía de Investigación de la Unidad Modelo le ejecutaron la orden de aprehensión por el delito de Secuestro Agravado, señalada de haber mantenido en cautiverio a dos víctimas de origen guatemalteco, haciendo exigencia de dinero para su liberación.
Posteriormente, en audiencia de formulación de imputación, se acogió a duplicidad del término constitucional.
La investigación determinó que la imputada, en compañía de diversa persona, mantuvieron a las víctimas en diversas casas de seguridad mientras hacían exigencias económicas a sus familiares para liberarlas, haciéndoles creer que ya habían cruzado a los Estados Unidos, sin embargo, además de mantenerlas privadas de su libertad, las golpeaban y maltrataban física y psicológicamente.
Hoy 12 de septiembre, después de escuchar los argumentos lógicos jurídicos de la representación social, argumentos de la defensa y réplicas de las mismas, el Juez de Control del Distrito Judicial Bravos resuelve Auto de Vinculación a Proceso, otorgando un plazo para cierre de investigación de 4 meses.
**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, la imputada se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales)
