Juez de Control local se declara competente para juzgar a tres ex funcionarios

• Con esta resolución se convierte en un conflicto competencial que tendrá que resolver un Tribunal Colegiado de Circuito.

Un Juez de Control del Distrito Judicial Morelos, resolvió que los elementos de prueba obtenidos por la Fiscalía General del Estado, resultan suficientes para continuar conociendo del proceso penal iniciado en contra del ex secretario de finanzas del PRI, Alejandro G. G.; el ex director de Administración de la Secretaría de Hacienda, Gerardo V. M. y el ex Director de Adquisiciones, Enrique Antonio T. G., por el delito de peculado agravado.

Ante la solicitud de inhibitoria que realizó un Juez Federal para conocer el procedimiento que se sigue a los exfuncionarios, el juzgador local consideró que la desviación de los recursos afectó a la Hacienda Estatal, es decir, fue en agravio del pueblo de Chihuahua.

En la audiencia celebrada, se expuso que con base a revisiones practicadas por la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública Federal, se determinó que los recursos desviados se tomaron del erario local, y los recursos de las asignaciones federales dentro de “Ramo 23, Provisiones Salariales y Económicas”, se aplicaron al objeto convenido con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por lo que estos últimos no tienen relación con el desvío.

Al dictarse esta resolución, el asunto será enviado a un Tribunal Colegiado de Circuito con sede en esta Capital, que determinará cuál de los órganos judiciales es el competente para juzgar el delito.

Cabe mencionar que este proceso penal fue iniciado por hechos ocurridos entre diciembre de 2015 y octubre de 2016, cuando Gerardo V. M. y Enrique Antonio T. G. presuntamente fingieron la realización de dictámenes de excepción a la licitación pública, actas de adjudicación directa, contratos con sus respectivos pagos y facturación, con el objetivo de desviar 250 millones de pesos del erario, destinados a programas educativos en la entidad, y a la elaboración de manuales de servicios aéreos.

Asimismo, a Alejandro G. G. se le imputa haber determinado cuáles fueron las empresas con las que se celebraron los contratos para el desvío de los recursos.

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