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Se precisa en torno a supuesto traslado del imputado Alejandro G. G.

• El Gobierno Federal es quién solicitó el cambio de centro de reclusión de Alejandro G. G. a un Penal Federal.
• El Gobierno del Estado concedió esa posibilidad con el objeto de transparentar y desmentir las afirmaciones de tortura.
• Se pidió a la Federación que conforme a la ley dejaran de conocer de una denuncia de la que no tienen competencia y que cesara el intento de atraer investigaciones del fuero común, más allá de su responsabilidad para investigar un delito electoral federal.

En torno a la serie de versiones que han circulado con respecto al trámite de cambio de centro de reclusión del imputado Alejandro G. G., la Fiscalía General del Estado precisa lo siguiente:

El miércoles 24 de enero, el Gobernador del Estado, Javier Corral se reunió con el Secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida. En dicho encuentro, el Secretario planteó la solicitud para que se autorizara el cambio de Centro de Reclusión de Alejandro G. G.

El todo momento, el Gobierno del Estado sostuvo que los señalamientos de tortura expresados por la defensa del imputado son falsos y reclamó que la investigación de la Procuraduría General de la República se encontraba viciada, al carecer de competencia en un asunto estrictamente del fuero común.

Con el objeto de dar certeza, se acordó realizar el trámite a la solicitud del Secretario de Gobernación, por lo que el pasado viernes 26 de enero de 2018 se hizo la petición formal a través del Fiscal de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales, Jesús David Flores Carrete, lo que debería ocurrir siempre y cuando la PGR declinara conforme a la Ley, la investigación a la Fiscalía General del Estado para que se pudiera resolver en estricto apego a derecho.

Asimismo se planteó que no debía continuar el intento de la Federación de frenar las investigaciones en materia de corrupción, usando a la PGR como instrumento para ejercer la facultad de atracción sobre hechos más allá de la investigación de un delito electoral federal.

En fecha 26 de enero de 2018, en previsión al avance y cumplimiento de las obligaciones a cargo de la Federación, se mandó el oficio de anuencia de cupo previsto en la ley, al órgano desconcentrado dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad. No obstante, para entonces la PGR no resolvió en relación a la declinación de la carpeta que integra por el supuesto caso de tortura y de la que no tiene competencia legal, tampoco dio garantías de que dejaría de intentar impedir el derecho del estado de Chihuahua para seguir investigando los hechos de corrupción.

Más grave aún, el abogado de la defensa evidenció el uso de las instituciones federales, al anunciar ante los medios, como un hecho el traslado y atribuyendo eso a una orden de PGR por estar acreditada la tortura, disponiendo de información de la que no debía tener acceso en ese momento y orquestando un nuevo golpeteo mediático en contra del Gobierno del Estado y de las acciones en contra de la corrupción.

Ante la falta de voluntad para avanzar en los acuerdos políticos, el día sábado 27 de enero se decidió no llevar a cabo el traslado ante la falta de garantías de la Federación en el cumplimiento de los temas que con apego a la ley se había comprometido.

En tales circunstancias, se deja en manos de los jueces esa eventual posibilidad.

Se evidencia además la intencionalidad de no conducirse con apego a la verdad, ante la nueva serie de falsas acusaciones vertidos por la defensa del Alejandro G. G., así como de los señalamientos de otros imputados por supuesto casos de extorsión y que se suman a la estrategia mediática de la federación, a la falta de voluntad de la Procuraduría General de la República para concretar la solicitud de la extradición con las 10 órdenes de aprehensión, su interés de responder a la voluntad de la defensa del imputado Alejandro G. G. y a las acciones para obstruir el avance de las investigaciones en contra de la corrupción.

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