Captura Fiscalía General del Estado a tres acusados de defraudar a casi 4 mil chihuahuenses mediante la empresa Aras Business Group

Engancharon a las víctimas para “invertir” en Aras Business Group; prometían rendimientos de hasta el 10% mensual del capital invertido

Como resultado de los trabajos permanentes y el seguimiento puntual a una sólida investigación, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua capturó a Óscar Gonzalo H. M., Sergio Armando G. C., así como a Diana Ivonne C. P., como probables responsables de los delitos de fraude y asociación delictuosa en perjuicio de por lo menos 3 mil 849 víctimas.

Este martes 05 de abril, en distintas intervenciones, fueron cumplimentadas las respectivas órdenes de aprehensión que se obtuvieron, derivado del trabajo profesional y responsable por parte de Policías Investigadores, Agentes del Ministerio Publico, Peritos y Analistas.

A partir del mes de noviembre del 2021, personas afectadas por una empresa de inversiones conocida como Aras Business Group, comenzaron a acudir a la Fiscalía de Distrito Zona Centro para interponer querellas, luego del incumplimiento en el pago de rendimientos por parte de la inversora.

El 03 de noviembre de 2021 se presentó la primera querella. A la fecha suman 3,849 por la vía penal, interpuestas 3,529 de ellas en la Fiscalía Zona Centro, 158 en la Fiscalía Zona Occidente, 26 en la Zona Sur y 136 en la Fiscalía Zona Norte.

Derivado de la integración de los respectivos expedientes, la FGE obtuvo de los jueces en materia penal, el embargo de 107 bienes inmuebles.

“Les reitero que en Chihuahua, nadie está por encima de la ley, y quien la quebranta será investigado para que en nuestro estado, siempre haya justicia, y las y los chihuahuenses tengan la confianza en que este gobierno sí trabaja para dar resultados”, expresó la Gobernadora de Chihuahua.

Por su parte el Fiscal General expresó: “Lo dije hace tiempo y lo reitero, nosotros como representación social del Estado, defendemos los intereses de las víctimas y respetamos el debido proceso”.

Recordó los meses de trabajo a cargo de personal comprometido que ha llevado a cabo acciones permanentes como la atención a afectados y sus representantes legales, la instalación de mesas de diálogo, creación de formatos accesible para la presentación de querellas y, sobre todo, la voluntad de quienes han destinado arduas jornadas laborales para esclarecer este caso.

Como resultado, se logró la aprehensión de los primeros presuntos responsables:

A Óscar Gonzalo H. M., se le ejecutó la orden de aprehensión cuando pretendía huir del país, siendo ubicado en uno de los puentes internacionales de Ciudad Juárez. La detención se dio en colaboración con agentes adscritos a la Unidad Especializada en Cumplimiento de Órdenes de Aprehensión de la Fiscalía de Distrito Zona Norte. Siendo trasladado e internado en el Cereso No. 1.

En tanto que a Sergio Armando G. C., se le ejecutó la orden de aprehensión en la Avenida Luis Pasteur Sur, de la Colonia Centro, en la ciudad de Querétaro, Querétaro, contando con la colaboración de la Policía de Investigación de esa entidad. Siendo trasladado e internado en el Cereso No. 1.

Mientras que, cumpliendo con los protocolos establecidos de Derechos Humanos y de Género, a Diana Ivonne C. P., se le cumplimentó orden de aprehensión tras un cateo efectuado en un domicilio de la calle Cantera Alpi, del Fraccionamiento Cantera Etapa I.

Su detención estuvo a cargo de un grupo de mujeres investigadoras, estando presente su abogado defensor. Debido a su estado de salud se le dejó en custodia permanente por parte de las agentes de la FGE, en el mismo domicilio.

En próximas horas, serán presentados ante el Tribunal respectivo, dentro de la causa penal 720/2022.

Las acciones de captura estuvieron a cargo de las unidades de Órdenes de Aprehensión y la Especializada en Delitos Patrimoniales, así como de la Fiscalía de Operaciones Estratégicas, de la Fiscalía General del Estado.

***De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).

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