Captura de ex funcionario no tiene injerencia y/o afectación alguna con investigaciones en contra del imputado César D. J.

La Fiscalía General del Estado es una institución que combate de manera frontal la impunidad y los delitos, además es garante de la promoción, respeto y defensa de los derechos humanos, y sin distinción de ningún tipo, permanece apegada al cumplimiento irrestricto de la Ley.

Por lo anterior y en virtud de la reciente detención del ex funcionario Francisco G. A. acusado del delito de tortura, es importante informar a la opinión pública que las investigaciones que obran en contra del imputado César D. J. continúan y seguirán su curso, de acuerdo con la etapa procesal en la que se encuentra, toda vez que fue vinculado a proceso penal por los delitos de peculado y asociación delictuosa, bajo la medida cautelar de prisión preventiva por un año.

“Hay que ser claros y muy precisos, la captura del ex ministerio público, no tiene injerencia y/o afectación alguna con las carpetas de investigación en contra César D. J.; son asuntos totalmente diferentes”, explicó el Fiscal General del Estado, Roberto Javier Fierro Duarte.

La investigación en contra del ex ministerio público se derivó de una denuncia que presentó la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en la que advertía sobre hechos relacionados con tratos crueles, inhumanos o degradantes cometida por servidores públicos; razón por la cual pidió que se informara si existía número de investigaciones, acciones, y si no, tenía que iniciar con los trabajos para indagar.

La madrugada de este jueves, una Jueza de Control resolvió con base en la argumentación de esta representación social que el imputado Francisco G. A. permanezca en prisión preventiva por su probable responsabilidad en el delito de tortura.

“Esto no se trata de revanchismo, ni persecución, es dar cumplimiento a lo establecido en la ley; nuestra misión es brindar justicia a quienes fueron víctimas de la comisión de un delito”, reiteró.

Finalmente, la Fiscalía General del Estado litiga los casos con argumentos sólidos, fehacientes y robustecidos, allegándose de datos de prueba y evidencias; toda vez que se hay declaraciones que están fuera de contexto, con un alto carácter mediático que buscan desvirtuar las acciones realizadas.

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